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Cámara de Diputados aprueba informe final de Comisión Investigadora por Dominga

El informe identifica una serie de irregularidades en el proceso de evaluación de impacto ambiental y entrega proposiciones y recomendaciones

Con 44 votos a favor, 34 en contra y 5 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Investigadora de las actuaciones del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo, la Subsecretaría de Minería y el Servicio de Impuestos Internos, en relación con las inversiones realizadas por el grupo económico Mediterráneo Fondos de Inversión Privado, para el proyecto Dominga.

La Comisión Investigadora, cuyo informe final fue rendido a la Sala por el diputado Raúl Saldívar (PS), fue creada en marzo de 2017, cuando el proyecto Dominga estaba en proceso de permisos. En ese contexto, se manifiesta en las conclusiones la preocupación por la forma en que el medioambiente se vería afectado.

Dicho proyecto incluía la construcción de dos minas a tajo abierto para la extracción de hierro y concentrado de cobre, además de un puerto de embarque en Totoralillo Norte. En agosto de 2017, sin embargo, el Consejo de Ministros determinó rechazar los permisos para su construcción por problemas de mitigación, reparación y compensación en la zona.

El texto menciona varias irregularidades durante el proceso de evaluación de impacto ambiental. Por ejemplo, que para el puerto y el proyecto minero se hayan presentado estudios ambientales distintos, lo que indicaría el fraccionamiento del proyecto y, además, se omitió la evaluación de la planta desalinizadora; que no se haya considerado toda la participación ciudadana en las distintas etapas que el proyecto fue cambiando ni la consulta a los pueblos indígenas; y la vulnerabilidad del sistema a los cambios de criterios de quienes dirigen las instituciones, de modo tal que los fundamentos técnicos o científicos, no necesariamente son los que priman y se sostienen en el tiempo.

El informe señala que “al proyecto se le debiese haber dado término de forma anticipada, por falta relevante de información, por lo que llama la atención que ante dichas faltas este siguiera su curso. Lo anterior, según lo establecido por la legislación ambiental, en particular lo referido a la realización de la evaluación en etapas tempranas y el ejercicio de la facultad del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), de poner término anticipado al procedimiento administrativo de evaluación (…), donde se establece que es deber del SEA controlar la cantidad y calidad de la información aportada por el Titular”.

El informe entrega una serie de proposiciones y recomendaciones, como por ejemplo, que la participación ciudadana sea constante; que en el caso de áreas protegidas, la evaluación ambiental tenga especial cuidado y consideración y por último hace un llamado a la autoridad a aplicar la norma de protección de cetáceos, debido a que en dicha zona transitan alrededor de 14 especies; y se recomienda la elaboración de un reglamento que coordine la opinión del Ministerio del Medio Ambiente con los procedimientos de evaluación ambiental.

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