Tramitación de permisos para invertir supera norma legal y algunos proyectos llega hasta 11 años

Existen 71 entidades responsables de entregar 309 permisos para que un proyecto se transforme en una inversión, de los cuales 63 y que son el foco de la investigación, son de carácter crítico.

Estudio identificó 439 trámites que afectan el proceso de inversión en los sectores de minería, energía, inmobiliario, infraestructura e industria. El “Análisis de permisos sectoriales prioritarios para la inversión en Chile”, realizado por la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), abarca un periodo entre 2018-2022 y se enfocó en aquellos trámites que podrían convertirse en barrera.

En esta oportunidad, la CNEP profundizó su análisis e identificó la totalidad de aquellos permisos de carácter sectorial que debe contemplar cualquier proyecto de inversión (independiente del sector al que pertenezca), y otros específicos que deben considerar las iniciativas de sectores más relevantes en la economía nacional.

Para efectos del estudio los permisos se dividen en tres categorías: clase 1, 2 y 3 (baja, media y alta complejidad, respectivamente). Asimismo, se reconoció a 71 entidades responsables de entregar 309 permisos para que un proyecto se transforme en una inversión, de los cuales 63 (foco del estudio) son de carácter crítico, ya que pueden paralizar un proyecto en su tramitación. 

Respecto de los hallazgos, se observa que los permisos de menor complejidad (clase 1) se utilizan de manera intensiva, se tramitan en plazos cortos (aproximadamente 2 meses en promedio) y tienen una tasa de rechazo del 15%. A medida que aumenta la complejidad de los permisos, se observa una notable extensión en los plazos de tramitación, llegando a un promedio de 17 meses en el caso de los permisos de mayor complejidad (clase 3), al tiempo que también aumenta la tasa de rechazo (30%). Para estos últimos, el escenario se vuelve particularmente complejo, debido al elevado número de trámites pendientes.

También se detectaron casos especialmente complejos debido al alto stock de tramitaciones pendientes, extensos tiempos de tramitación y alto potencial de rechazo por tipología de proyecto. Al analizar la situación respecto del tiempo efectivo en que se tramitan los permisos, se observó que en general superan la norma. Por ejemplo, para permisos del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN):  para un botadero el tiempo de demora es de 10 meses (plazo legal 2), ventilación 12 meses (plazo legal 2), planta beneficio 13 meses (plazo legal 2), electrificación 15 meses (plazo legal 3). 

La extensión en los tiempos de demora, conlleva a la existencia de un gran stock de permisos pendientes de aprobación. Solo 4 instituciones (Subsecretaria FFAA, Dirección General de Aeronáutica, Consejo de Monumentos Nacionales y Coordinador Eléctrico Nacional), concentraban 5.517 tramitaciones pendientes al 31 de diciembre de 2022. Este número llama la atención considerando que entre 2018 y 2022 ingresaron 8.881 permisos para ser aprobados en dichos servicios públicos. Dado lo anterior, se genera una ruta crítica donde los proyectos demoran años para ser aprobados. A modo de ejemplo, una planta fotovoltaica 4 años con 2 meses, una desaladora 11 años con 4 meses y una explotación minera 8 años 7 meses.

Las causas y posibles recomendaciones 

Se identifica que el diseño regulatorio, como su implementación y fiscalización, suelen realizarse de manera fragmentada (silos), lo que facilita la existencia de espacios de descoordinación e incluso contradicción entre ellos, por cuanto las aprobaciones respectivas responden a una lógica independiente y/o en la que cada órgano aporta una mirada sectorial sin un entendimiento del proyecto como un todo. Además, estas regulaciones tienden a acumularse a lo largo del tiempo, creando superposiciones e incluso contradicciones con nuevas normativas.

Al ser un documento de carácter preliminar, las recomendaciones aún están en estudio y análisis, sin embargo se estima existen principios orientadores (transparencia, previsibilidad y eficiencia cuidando estándares de protección al medio ambiente) que priorizan ciertos atributos para abordar los problemas identificados. 

Al respecto se analiza proponer el establecimiento de una institucionalidad basada en un modelo de gobernanza habilitante. Mientras que, para abordar los extensos plazos de tramitación en permisos de mayor complejidad se evalúa fomentar y extender el uso de mecanismos de traspaso de costo al usuario, en base a una colaboración público-privada.

Otra de las recomendaciones en estudio radica en eliminar práctica de requerir consulta de pertinencia previo a autorizar permisos sectoriales, optimizar y acotar el informe favorable de construcción (IFC), agilizar y descomprimir la concesión marítima, entre otras. Se estima que las propuestas planteadas en estudio, podrían permitir tramitaciones de permisos complejos en un plazo de 12 meses, lo cual implicaría una reducción de casi un tercio en comparación con la situación actual. 

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