Corte Suprema declara inadmisible recurso de casación en contra del Primer Tribunal Ambiental

La resolución reclamada no reviste el carácter de sentencia definitiva ya que no emite un pronunciamiento sobre la existencia o no de una infracción a la normativa ambiental.

Un fallo de la Corte Suprema dejó a firme y ejecutoriada la sentencia del Primer Tribunal Ambiental que no acogió la reclamación presentada por agricultores de Copiapó en contra de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) por la aprobación del Programa de Cumplimiento (PdC) presentado por Minera Caserones de Lumina Copper.

“El Tribunal Ambiental no ha hecho más que confirmar lo dispuesto por la SMA (Superintendencia de Medio Ambiente) en cuanto a reanudar el procedimiento administrativo respecto de dos hechos, el cual seguirá sometido -en su desarrollo y ejecución- a la fiscalización de dicho organismo, para que en caso que se comprueben las infracciones, se siga adelante el procedimiento sancionatorio”, argumentó el escrito del máximo tribunal, razón por la que no los consideró en el PdC, lo que fue reclamado por agricultores del Valle de Copiapó.

Además, la Corte Suprema explicó que la resolución reclamada no reviste el carácter de sentencia definitiva ya que no emite un pronunciamiento sobre la existencia o no de una infracción a la normativa ambiental por lo que “no resulta procedente admitir a tramitación tales recursos” e indica que lo impugnable a través de recursos de casación, en el derecho administrativo chileno son los actos terminales, es decir, aquellos que ponen fin al procedimiento.

En el fallo de primera instancia quedó estipulado que el tribunal ambiental coincidió con el análisis de la Superintendencia al estimar que es posible separar las infracciones que tienen relación con daño ambiental, de aquellas que no lo generan y someterlas a distintas vías de revisión y corrección.

Lo anterior porque la reclamación presentada por los agricultores apelaba a que la SMA dejó fuera del PdC dos cargos graves que causantes de daño ambiental y solo aprobó el programa con medidas referentes a 16 infracciones, lo que a juicio de los reclamantes no era legítimo porque se atentaba con la “integridad” del instrumento.

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