Cuestionan proyecto fotovoltaico de casi 10 millones de dólares

La causa, que fue admitida, fue interpuesta contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) por no considerar las observaciones ciudadanas en el proceso de evaluación ambiental.

Humberto Rojas Vallejos y David Cofré Loyola, dos vecinos pertenecientes a la Región de Antofagasta, interpusieron una reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental. La razón fue la no consideración de observaciones ciudadanas en el proceso de evaluación ambiental del proyecto fotovoltaico Bonasort. 

La causa, que fue admitida a trámite por el órgano jurisdiccional, fue interpuesta contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y comenzará el proceso judicial que en esta etapa continúa con la respuesta que el servicio evaluador debe hacer llegar al tribunal.

El proyecto, que considera una inversión de nueve millones 900 mil de dólares, contempla 20.160 paneles solares en una superficie total de 31,5 hectáreas para generar 9MW que será inyectado al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Reclamación

No obstante, existen inquietudes por parte de los reclamantes, ya que aseguran que no fueron tomadas en cuenta por el SEA: la relación con el paisaje; en cuanto a los impactos que se generarán en los lugares donde se emplaza el proyecto; con el suelo por la construcción de la Línea de Evacuación de Media Tensión (LEMT) y la relación de la empresa con compañías mineras.

En la reclamación se estipula que la Resolución de Calificación Ambiental que otorga el permiso para la ejecución del proyecto, se dictó “omitiendo las observaciones que fueron presentadas dentro de plazo y naciendo, por tanto, viciada”. 

“La evaluación ambiental del Proyecto adolece de una serie de vicios que fueron levantados y reclamados por diversos actores en las oportunidades y fases administrativas correspondientes. Uno de estos vicios fue la falta de debida consideración de las Observaciones de los Reclamantes, las que no fueron incorporadas ni en el ICE (Informe Consolidado de Evaluación Ambiental) ni en la RCA (Resolución de Calificación Ambiental”, se agrega. 

Por su parte, Javier González, secretario abogado del Primer Tribunal Ambiental indicó que “lo que procede en estos momentos es solicitar un informe al Servicio de Evaluación Ambiental quien tiene el plazo de diez días hábiles para contestar. Posteriormente, el Tribunal Ambiental con antecedentes en mano citará una audiencia y resolverá en consecuencia”. 

Cabe recalcar que la participación ciudadana en la evaluación de proyectos es uno de los mecanismos que permite a las personas naturales y jurídicas informarse, formular observaciones y recibir respuesta fundada de ellas. Es deber del Servicio de Evaluación Ambiental efectuar el proceso y dar respuesta a las inquietudes que surjan respecto al proyecto o actividad que se está evaluando.

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