Networking APRIMIN analizó nuevo Royalty Minero

Al plantear definiciones de conceptos, afirmaron que el royalty retribuye al país la pérdida que se le genera al extraerse un recurso mineral y, por lo tanto, va perdiendo el Estado patrimonio.

En el último encuentro del Networking "Club de la Minería" organizado por la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (APRIMIN), se llevó a cabo un detallado análisis de la nueva ley del royalty minero.

Para el director ejecutivo de APRIMIN, Sergio Hernández, existe una estrecha relación entre la industria minera y los proveedores, indicando que cualquier medida que afecte a una de ellas impactará en la otra. Hernández profundizó en los conceptos y fundamentos de la nueva ley, destacando que el royalty compensa al país por la extracción de recursos minerales, mientras que las mineras obtienen el insumo principal para su proceso industrial. En este sentido, consideró justo que exista este tributo.

El director ejecutivo de APRIMIN explicó que la nueva ley establece una carga tributaria máxima del 46,5% para las mineras que produzcan más de 80.000 toneladas de cobre fino, y del 45,5% para aquellas que produzcan entre 50.000 y 80.000 toneladas. Estas cifras incluyen impuestos de primera categoría, impuestos adicionales y el royalty. Hernández planteó la pregunta de cuál es la tasa máxima de royalty que queda después del pago de los impuestos de primera categoría y adicionales, concluyendo que es solo del 11,5% o del 10,5%, respectivamente. Asimismo, mencionó que las tasas efectivas de royalty oscilan entre el 8% y el 26% sobre el RIOM (Renta Imponible Operacional Minera).

Hernández también abordó el tema de la equidad en el impuesto ad valorem, argumentando que este tipo de impuesto no es justo para las empresas mineras más pequeñas con altos costos de producción: “Siempre se decía que el impuesto ad valorem, no era justo con las mineras más chicas de altos costos. Toda la razón, eso es así, porque afectaba a la venta, independientemente de los costos. Pero además, es necesario verlo desde otro punto de vista, desde el punto de vista del Estado. El Estado es el dueño de las minas, pero tiene minas que tienen distinto valor, porque tienen distintas leyes, distintas impurezas, más o menos dureza de la roca, distintas pastas minerales, etcétera, todas razones geológicas, que no tiene relación con la gestión más o menos eficiente de la minera (...) Entonces, ¿por qué el Estado va a tener derecho a una retribución pareja, cuando las minas que explota el concesionario minero tienen distinto valor? (...) Por lo tanto, ni desde el punto de vista de las mineras ni del del Estado, a mi juicio, no es equitativa una tasa ad valorem”.

El director ejecutivo continuó su presentación argumentando que el aumento de la recaudación para el Estado no depende únicamente de la carga tributaria, ya que un alto nivel tributario puede disminuir la inversión, la producción, y la rentabilidad, lo que a su vez, reduce la base imponible para los impuestos y el royalty. Al final, tasas muy altas logran precisamente lo contrario a su propósito que es recaudar más para el Estado, afectando también el empleo y el encadenamiento productivo. Solo el futuro nos dirá si esta nueva ley permitirá atraer nuevas inversiones.

 Ahora bien, en el caso de un eventual proyecto de Reforma Tributaria, Hernández mencionó que: “Vamos a ver lo que pasa, si se llegara a aumentar el 27% de impuesto de primera categoría, no se debiera nunca poner en duda el respeto al 46,5% o 45,5% de cargas tributarias máximas a la minería, por lo que debería ocurrir en la práctica, es que el royalty tendría que disminuir sus tasas, como mecanismo de ajuste”.

 “Sobre el destino de parte importante de los recursos del royalty a las regiones y comunas mineras, lo consideró muy conveniente, pero advirtió que, cuando uno analiza el grado de ejecución presupuestaria de las regiones y comunas, el problema es que será muy necesario aumentar la ejecución presupuestaria de los gobiernos regionales y comunales, que no ha sido históricamente buena. Nosotros propusimos en el Senado un organismo público-privado en que las empresas de la zona, mineras, preferentemente, puedan con su capacidad de gestión en inversión, ayudar al diseño de la ingeniería y a la decisión de los proyectos públicos, con todo el control público que se quiera, pero que de alguna manera ayude en su ejecución presupuestaria a los gobiernos regionales”, finalizó Hernández.

COMENTA AQUÍ