Trabajadores de minera Amalia se manifiestan por posible cierre

El cierre de la minera tendría un impacto en la comuna de la región de Valparaíso, ya que generaría el despido de 1.200 empleos directos.

El posible cierre de la minera Amalia ha generado una masiva manifestación en la que participaron trabajadores, pequeños productores y vecinos, con el objetivo de evitar el despido de cerca de 1.500 personas. La planta ha solicitado una extensión del plazo de funcionamiento, pero para ello debe someterse a una evaluación ambiental. El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) ha recomendado no aprobar dicha extensión debido a observaciones sobre deficiencias en su funcionamiento.

Los trabajadores y vecinos de Catemu se trasladaron en caravana hasta Valparaíso para entregar una carta a la delegada presidencial, expresando su preocupación por la decisión que tomará la Comisión de Evaluación Ambiental respecto a la ampliación del plazo de funcionamiento de la minera. El alcalde de Catemu, Rodrigo Díaz, señaló que el cierre de la minera tendría un impacto brutal en la comuna, ya que generaría el despido de 1.200 empleos directos y afectaría a alrededor de 40 pequeños mineros que venden sus productos a la planta.

Si bien el SEA ha recomendado rechazar la ampliación de la vida útil de la planta debido a observaciones sobre la contaminación de napas subterráneas y solicitud de cambio de uso de suelo, entre otras, el alcalde Díaz apoya las demandas de los trabajadores y solicita una "aprobación condicionada" a la extensión del plazo de funcionamiento, fijando fechas para subsanar las observaciones.

La posible decisión de cerrar la Planta Catemu preocupa profundamente a la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), ya que afectaría a la Región de Valparaíso y podría poner en riesgo la operación del holding minero en varias comunas. El presidente de Sonami, Jorge Riesco, señaló que el proceso de tramitación del permiso ambiental ha llevado casi tres años y expresó la necesidad de modificar el sistema de otorgamiento de permisos para evitar la negativa a proyectos mineros por falta de gestión y disparidad de criterios de evaluación.

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