Subsecretario de Energía se reúne con fiscalizadoras/es de la SEC que han sido víctimas de acciones violentas

La autoridad afirmó que desde el Ministerio de Energía se prestará todo el apoyo necesario para la implementación de medidas que permitan mejorar los estándares de seguridad.

Fiscalizadoras y fiscalizadores de la SEC han sido víctimas de acciones violentas en el último tiempo. Debido a esta situación, el subsecretario de Energía, Luis Felipe Ramos se reunió con la Superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabeza, y los funcionarios/a de la entidad.

“Como Ministerio de Energía prestaremos todos los apoyos necesarios para sustentar aquellas medidas que apunten a fortalecer el trabajo de nuestros equipos de fiscalización”, indicó el subsecretario.

Los actos delictuales a los que se hace referencia connotan un nivel de gravedad y violencia inusitado: el primero de ellos afectó a un equipo de fiscalización que luego de extraer muestras desde una estación de servicio, fueron interceptados, a un par de cuadras del lugar, por sujetos armados que luego de encañonarlos procedieron al robo de dichas muestras.

El segundo caso consistió en la violenta reacción de un conductor, que luego de colisionar por alcance a un vehículo institucional, procedió a seguir y luego encerrar, cruzando su auto, a la camioneta en que se movilizaban nuestro equipo de fiscalización. Acto seguido, el individuo extrajo una barra metálica desde la cajuela de su automóvil, con la que procedió a romper, entre otros, focos y parabrisas del vehículo institucional.

"Su actitud es sinónimo de compromiso con la ciudadanía y la fe pública. Por eso, estamos poniendo en marcha una serie de medidas para mejorar los estándares de seguridad de las personas que trabajamos en la Superintendencia”, expresó la superintendenta de la SEC, Marta Cabeza.

Dichas medidas, que ya se encuentran en implementación, están relacionadas con la elaboración de protocolos de acción ante actos violentos en el desarrollo de nuestras labores; apoyo sicológico para las y los afectados, medidas de persecución judicial y coordinación con autoridades ministeriales.

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