Inician Consulta Pública para la instalación de la Gobernanza del Acuerdo de Escazú

Hasta el 10 de febrero la ciudadanía podrá entregar sus observaciones sobre la propuesta de reglas para la conformación y funcionamiento de la gobernabilidad de este Acuerdo en nuestro país.

El 10 de enero el Ministerio del Medio Ambiente inició el proceso de Consulta Pública de la propuesta de Reglas para la Conformación y Funcionamiento de la Gobernanza del Acuerdo de Escazú que se aplicará en nuestro país a partir de este año.

El objetivo es recoger observaciones y aportes de la ciudadanía, para establecer una arquitectura de gobernabilidad que asegure la participación y el seguimiento en la implementación de este acuerdo a nivel nacional. El proceso durará un mes y los aportes se pueden realizar a través del sitio:  https://consultasciudadanas.mma.gob.cl

Previo a esta etapa el Ministerio efectuó un proceso de participación temprana para dialogar con diferentes actores y comunidades. Entre agosto y octubre se realizaron 11 diálogos con representantes de organizaciones ambientales, organizaciones de jóvenes, sector empresarial, sector público, Mesa de Mujer Rural y sociedad civil en las regiones de Antofagasta, Metropolitana, Biobío y Magallanes y una encuesta en línea abierta a todo público.

Asimismo, en noviembre y diciembre del año pasado, se realizaron 6 actividades de difusión en Arica, Santiago, Concepción, Temuco y Puerto Natales, participando un total de 154 personas.

El Plan Nacional de Implementación del Acuerdo de Escazú, que fue aprobado por el Consejo de Ministro para la Sustentabilidad y el Cambio Climático en abril de 2024, consideró la creación de un sistema de gobernanza que establece una instancia nacional de participación, denominada “Consejo Nacional Estratégico Público-Privado”, y a nivel regional los llamados “Comités Estratégicos Regionales por Escazú” o, en su defecto, la misma labor recae en los Consejos Consultivos Regionales del Medio Ambiente.

Recordemos que el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, siendo el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe y el único en el mundo que contiene disposiciones específicas destinadas a proteger a personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales.

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