Gobierno inicia trabajo para implementar el Acuerdo de Escazú

La primera Subcomisión buscará establecer las herramientas con que el Estado protegerá a las y los defensores de los Derechos Humanos y ambientales.

En el marco de los compromisos por la suscripción del Acuerdo de Escazú, el Gobierno de Chile inició el trabajo de creación del “Protocolo de Protección de los defensores de Derechos Humanos, el Medioambiente, comunicadores y operadores del sistema de justicia”, que buscará, través de una subcomisión, establecer los mecanismos que protejan a las personas que participen en actividades de defensa y promoción de los Derechos Humanos y ambientales.

En Chile y la región, muchas y muchos defensores de los DD.HH. y ambientales sufren amenazas por realizar una valiosa labor. Por eso, el Acuerdo de Escazú estableció, en su artículo 9º, la expresa necesidad de garantizar “un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”, señala en su primer inciso.

Sobre la creación de este protocolo, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, aseguró que “deben existir condiciones adecuadas para ejercer la defensa ambiental con libertad y tranquilidad. No solo por el Acuerdo de Escazú, sino por aplicación de los tratados de Derechos Humanos en general. Hoy es más urgente que nunca, pues la triple crisis planetaria -de cambio climático, de contaminación y de pérdida de biodiversidad- y su repercusión social, nos exige respuestas desde un enfoque de derechos humanos”. 

En tanto, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, destacó la importancia de la Subcomisión: “Este protocolo será el primer mecanismo interinstitucional que busque dar protección a las personas defensores de derechos humanos y ambientales. Sabemos la importancia de estos roles para mantener sana nuestra democracia y por ello el esfuerzo de todas las instituciones contribuirá a dar más tranquilidad a las y los defensores, pero sobre todo a cuidar nuestra democracia”.

Esta subcomisión, además, buscará dar protección a los operadores del sistema de Justicia, quienes también son reconocidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como protectores de estos derechos. “Resulta de una relevancia fundamental, en tanto su trabajo materializa el acceso a la justicia y posibilita el ejercicio de los derechos de todas las personas, cuestión que por cierto constituye el eje central dentro de la labor de nuestra institución”, comentó el Defensor Nacional, Carlos Mora Jano. 

En la subcomisión participan actores claves en la implementación de un mecanismo de protección en un espacio de trabajo intersectorial, donde además de los ministerios del Medio Ambiente y de Justicia y Derechos Humanos, participa el ministerio de Relaciones Exteriores, el Poder Judicial, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile.

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