Avanza demanda por daño ambiental en contra de Minera Doña Inés de Collahuasi

Primer Tribunal Ambiental realizó audiencia y analizó la declaración de testigos expertos y comunes por supuesta afectación del medio marino por parte de la Minera Doña Inés de Collahuasi.

Se efectúo, ante los ministros del Primer Tribunal Ambiental, una audiencia de conciliación y prueba en el marco de la demanda por daño ambiental presentada por dos asociaciones indígenas y pescadores artesanales en contra de la Compañía Minera doña Inés de Collahuasi.  

La demanda se basa en una eventual afectación al medio marino en los sectores aledaños a las instalaciones portuarias de la empresa. Alegando que sus operaciones han contaminado y afectado el agua marina, los sedimentos y los organismos hidrobiológicos debido a la presencia de metales pesados, en particular, cobre, en la zona costera comprendida entre Caleta Patache al norte y Punta Patache al sur. 

Por su parte, la empresa sostuvo en su contestación que la demanda se basa en especulaciones y en un uso tergiversado de los datos, presentando de forma selectiva información que no refleja la realidad ambiental de la zona. 

Además, argumentó que los demandantes carecerían de legitimación activa, ya que no realizan actividades pesqueras en el área del Puerto Collahuasi donde se alega el daño. Por último, negó la existencia una relación causal comprobada entre las operaciones de la compañía y los supuestos daños alegados.  

Afectación al medio marino

La audiencia inicio con el llamado a conciliación de las partes, el cual se tuvo por frustrado, al no existir un ánimo de conciliar, razón por la cual se procedió con la rendición de testimonial ofrecida, correspondiente a la parte demandada. 

En la oportunidad, la demandada presentó la declaración del testigo experto, Rodrigo Montes Aste, biólogo marino, quien declaró respecto a la validez científica de las alegaciones y análisis estadísticos presentados por los demandantes en su libelo, en el marco de los puntos de prueba relacionados al eventual daño ambiental y actuar de la empresa. 

Daniel Andrades Soto, biólogo marino, que en su calidad de experto declaró a partir de un informe que tuvo por objeto comparar las alegaciones vertidas por los demandantes sobre la desaparición de recursos pesqueros y los datos oficiales proporcionados por el Servicio Nacional y Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. 

Por su parte, Macarena Cuevas Aravena, ingeniera comercial, cuyo testimonio se centró en la descripción de los compromisos voluntarios que tiene la empresa en el marco de sus resoluciones de calificación ambiental, especialmente, el de monitoreos participativos, y la intervención de alguno de los demandantes en ellos. 

Ante la inasistencia de tres testigos de la parte demandada, el Tribunal acogió el incidente de entorpecimiento formulado por la empresa, por lo que la rendición de la prueba testimonial faltantes y realización de las alegaciones finales por las partes continuará el próximo 29 de enero de 2025. 

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