SII sostiene que compraventa de Dominga se realizó en regla durante 2011

Sin embargo, aún se encuentra en observación la posibilidad de una querella dado que se están evaluando nuevos antecedentes que remitió la fiscal del caso, Claudia Perivancich.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) indicó que la compraventa de la minera Dominga en 2010, desde la perspectiva tributaria, se realizó en regla. Sin embargo, desde la institución no se emitió un pronunciamiento en relación con la presentación de una querella, dado que se están evaluando nuevos antecedentes que remitió la fiscal del caso, Claudia Perivancich. 

Lo anterior ocurrió en noviembre del año pasado, un mes después de haber iniciado la investigación penal por eventuales delitos de cohecho y tributarios contra el ex Presidente Sebastián Piñera. 

Hace unas semanas, la fiscal presentó un nuevo requerimiento al SII para complementar la información que le habría enviado sobre las declaraciones juradas de las y los contribuyentes involucrados en las operaciones de la compraventa tanto en Chile como en las Islas Vírgenes Británicas (BVI).

Perivancich solicitó confirmar si existió un proceso de fiscalización asociado a la adquisición de la minera relacionado con los contribuyentes o de las operaciones. Asimismo, con el objetivo de validar la declaración del Formulario 22 del año tributario 2011, la fiscal requirió una copia de los antecedentes aportados al servicio por la sociedad que gestionó los activos de Dominga, la Minera Activa Uno SpA. 

Caso Dominga

En octubre del año pasado se reveló que el ex presidente Piñera y Juan Carlos Délano habrían participado en la compraventa de la minera Dominga, operación que se realizó en dos partes: en una notaría de Santiago y en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.

Hasta diciembre de 2010, aún durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, las familias Délano Méndez y Piñera Morel tuvieron de 56% de las acciones de la minera, pero Délano hizo la compra de la participación de todos los socios. Con esto obtuvieron una ganancia de 1.000% por las transacciones.

El contrato de compraventa establecía un pago en tres cuotas que se realizó en 18 meses. La última de estas dependía, según lo investigado, “de que no hubiera cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto”. Es decir, no establecer como área de protección ambiental la zona donde se encuentra Dominga o donde se construirá su puerto.

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