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Por Verónica González Encina , 11 de noviembre de 2022 | 10:24

Francia se opone a la minería en alta mar

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Francia solicitó una prohibición internacional de la minería en alta mar, lo que puso fin a las negociaciones de una organización afiliada a la ONU para permitir que la explotación de ecosistemas oceánicos únicos para metales valiosos comience en un plazo de dos años.

Francia solicitó una prohibición internacional de la minería en alta mar, lo que puso fin a las negociaciones de una organización afiliada a la ONU para permitir que la explotación de ecosistemas oceánicos únicos para metales valiosos comience en un plazo de dos años.

"A medida que los efectos del cambio climático se vuelven cada vez más amenazantes y la erosión de la biodiversidad continúa acelerándose, hoy no parece razonable lanzar apresuradamente un nuevo proyecto, el de la minería de los fondos marinos profundos, cuyos impactos ambientales aún no se conocen y pueden ser significativos para esos ecosistemas antiguos que tienen un equilibrio muy delicado", destacó el embajador francés, Olivier Guyon. 

El tratado de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar estableció la ISA en 1994 para regular la minería en aguas internacionales y, al mismo tiempo, garantizar la protección del medio marino. Después de años de negociaciones para desarrollar regulaciones mineras, la nación miembro de la ISA, Nauru, en 2021, desencadenó una disposición en el tratado que requiere que el Consejo apruebe esas regulaciones en un plazo de dos años.

De lo contrario, el Consejo puede verse obligado a aprobar provisionalmente una solicitud de minería por The Metals Company, una empresa minera de fondo marino registrada en Canadá patrocinada por Nauru, una pequeña nación insular del Pacífico. Nauru, al igual que otros estados miembros de la ISA que patrocinan contratistas mineros, recibiría regalías de cualquier minería en el fondo marino.

Moratoria sobre la minería marina

Cada vez son más los estados miembros de la ISA que han solicitado una "pausa preventiva" o una moratoria sobre la minería debido a la falta de datos científicos sobre los ecosistemas frágiles y biodiversos de los océanos profundos dirigidos a la explotación. Entre los países que exigen una pausa se encuentran Chile, Alemania, Francia, España, Costa Rica, Nueva Zelanda, Panamá, Palaos, Fiyi y los Estados Federados de Micronesia.

Por otro parte, Brasil, los Países Bajos, Portugal, Singapur, Suiza y otros miembros del Consejo han indicado que no aprobarían ningún contrato minero hasta que se establezcan suficientes protecciones ambientales para los fondos marinos, independientemente de un plazo de julio de 2023 para adoptar regulaciones.

En junio de este año, Chile presentó una propuesta de moratoria por 15 años sobre la explotación de los fondos marinos. Brasil, Costa Rica y España respaldaron la moción en la apertura de los debates, mientras que Nauru y Tonga la rechazaron.

En apoyo a una propuesta hecha por chile, España se unió a un total de 40 países que apuestan a la moratoria de minería submarina, aludiendo al desconocimiento sobre los impactos ambientales que esta pueda tener. 

Francia se opone a la minería de alta mar

Duran la cumbre climática de la COP27 en Egipto, el presidente francés Emmanuel Macron abogó por una prohibición completa de la minería en alta mar. 

En ese contexto, Guyonvarch, el jefe de la delegación de Francia ante la ISA, propuso formalmente tal prohibición en la reunión del Consejo, indicando que el mundo había cambiado desde la ratificación del Tratado del Derecho del Mar.

"Cuando se creó la ISA... hace casi 30 años, los desafíos a los que nos enfrentamos hoy, la urgencia de la acción climática y el colapso de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, no eran los mismos", dijo Guyonvarch.

Según Mining, representantes de Noruega, Singapur, Polonia, Canadá y otros países también cuestionaron la posición de Francia y reiteraron su apoyo al desarrollo de regulaciones mineras.

Otras naciones, como Costa Rica, Chile y Alemania, dieron la bienvenida a la declaración de Francia como un refuerzo de su propio llamado a una pausa en la prisa por adoptar regulaciones mineras.

 

 

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