Demanda contra Minera Doña Inés de Collahuasi avanza en tribunales

El 1° Tribunal Ambiental recibió las últimas reclamaciones de agrupaciones indígenas y pescadores, por en contra de la aprobación del proyecto de Minera Doña Inés de Collahuasi.

El Primer Tribunal Ambiental recibió las últimas declaraciones en la demanda por daño ambiental contra el proyecto de Minera Doña Inés de Collahuasi, por la operación de sus instalaciones portuarias del sector de Punta Patache, ubicado aproximadamente 65 km al sur de la ciudad de Iquique. 

Las Asociaciones Indígenas “Aymara de Caleta Chanavaya” y “Wilamasi de Pescadores Mamq´Uta, Caleta de Chanavaya”, así como de tres pescadores artesanales, quienes realizan la demanda, alegan que existe una afectación al medio marino en los sectores aledaños a las instalaciones portuarias de la empresa. 

Testimonios pendientes 

Durante la audiencia, el tribunal recibió los testimonios de expertos quienes aportaron información técnica y jurídica sobre los componentes ambientales y las posibles afectaciones en la zona, así como la configuración de la presunción de responsabilidad por daño ambiental. 

Así, testigo experto Benjamín Srain Chávez, Licenciado en Biología Marina y Doctor en Oceanografía, expuso respecto al análisis de los datos de monitoreo y estado ambiental del sector de Punta Patache. Por su parte, declaró también en calidad de testigo experto el abogado y Doctor en Derecho Hugo Botto Oakley, quien expuso su análisis sobre la presunción de responsabilidad por daño ambiental del artículo 52 de la Ley N° 19.300.  

Graves daños ambientales

En particular, el abogado Ladislao Quevedo, por la parte demandante de las Asociaciones Indígenas y pescadores, acusó a la empresa demandada de incumplimientos graves y reiterados de sus obligaciones ambientales, señalando excedencias persistentes en la contaminación de sedimentos, una disminución del 80% en la biomasa y una reducción significativa de la biodiversidad desde 1994. 

Sostuvo que informes técnicos y evidencia presentada confirman escapes de material desde el puerto y superaciones en parámetros permitidos, mientras que los datos de la empresa son selectivos y carecen de comparaciones válidas. 

Además, destacó que la empresa no realizó estudios adecuados ni activó alertas frente a las excedencias, incumpliendo su responsabilidad como sujeto calificado. Invocó la jurisprudencia sobre el entorno adyacente para legitimar la acción de las comunidades cercanas y solicitó que se declare el daño ambiental y que se ordene su reparación material. 

Collahuasi rechaza la demanda 

Por su parte, Mario Galindo, por la demandada Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, argumentó que los demandantes no presentaron testimonios de expertos ni informes técnicos que acreditaran el daño ambiental alegado, y que la prueba documental carece de relevancia al incluir referencias extranjeras sin traducción. 

Sostuvo que los planes de vigilancia ambiental fueron erróneamente interpretados, ya que no tienen como propósito demostrar daño ambiental, calificando la demanda como especulativa. 

Además, señaló que no se ha probado el daño ambiental y que no puede presumirse la culpabilidad, ya que no existen infracciones establecidas en sede administrativa ni se han acreditado hechos fundantes que la justifiquen. 

Reforzó su posición con informes de la Gobernación Marítima y la Superintendencia del Medio Ambiente, que constan en el expediente y confirmarían la inexistencia de incumplimientos o denuncias relacionadas con los hechos del juicio. Por ello, solicitó el rechazo de la demanda con condena en costas. 

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