¿Qué está sucediendo en Panamá? Protestas antiminería van en aumento

A casi dos semanas de su inicio, las protestas en el país centroamericano ya han cobrado la vida de dos personas.

Más de 170 investigaciones y con 60 personas detenidas, es el saldo que ha dejado hasta ahora, una de las mayores protestas antiminería de las que se tiene registro en Panamá. La tensión ciudadana ha ido en aumento, con manifestaciones que ya llevan cerca de dos semanas en el territorio.

¿La razón? La renovación de un contrato para Minera Panamá, la explotación de cobre de mayor volumen en Centroamérica, subsidiaria de la empresa canadiense First Quantum Minerals. Esta decisión del Gobierno habría significado el descontento generalizado de la población al considerarla inconstitucional.

Calles bloqueadas, paros laborales de distintos gremios, escuelas cerradas, y la suspensión de los distintos desfiles patrios que conmemorarían el pasado 3 de noviembre los 120 años de la separación de Colombia, han sido la tónica de estas semanas. Para detener el descontento, es que su presidente Laurentino Cortizo, anunció la realización de una consulta popular a mediados de diciembre para aprobar o derogar la Ley 406, que autoriza la concesión de la mina por 20 años prorrogables de Minera Panamá­­.

"A través de la participación ciudadana, mediante el voto podremos legitimar la voluntad del pueblo, cuyo resultado será de obligatorio cumplimiento. El pueblo es el soberano", afirmó el mandatario para calmar las protestas.

La violencia ha ido escalando, de tal forma que el pasado martes en medio de las protestas en el distrito de Chame, un hombre abrió fuego contra los manifestantes matando a dos participantes, informó el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá.

Rechazo ciudadano

El yacimiento a cielo abierto, ubicado en la provincia de Colón, viene siendo operado desde 1997 a través de un contrato firmado entre el Estado y la sociedad minera Petaquilla S.A. El acuerdo se habría concretado sin licitación y sin estudios de impacto ambiental. 

Esto cobra especial relevancia considerando que la operación se encuentra en el corredor mesoamericano, lo que significa que se trata de una zona protegida. Frente a esto la sociedad civil interpuso una demanda en 2009, la que 8 años más tarde obtuvo resolución, siendo considerado inconstitucional. Sin embargo, no fue hasta 2021 que el fallo fue publicado en Gaceta Oficial.

Las organizaciones de la sociedad civil argumentan que las negociaciones con la filial canadiense se iniciaron en enero de 2022 a puerta cerrada. Hasta que en marzo de 2023 se anunció el acuerdo sin participación ciudadana.

El anuncio de una consulta popular para derogar la Ley 406 no obtuvo buena acogida por parte de los panameños, porque la propuesta del presidente Laurentino Cortizo prevé realizarla el 17 de diciembre.

En respuesta a esta solicitud, el Tribunal Electoral de Panamá informó que no hay condiciones para organizar la consulta popular propuesta por el Ejecutivo, porque están abocados a organizar los comicios presidenciales previstos para mayo de 2024. Sin embargo, deberán hacerlo en caso de que se convierta en ley.

El gobierno mantiene su discurso en defensa del proyecto, porque asegura que genera 8.000 empleos directos, 40.000 indirectos y le reportará al país US$375 millones anuales, que representa diez veces más que el acuerdo anterior.

Sobre las propuestas, la minera canadiense First Quantum se pronunció por primera vez este martes: "(La compañía) Siempre ha sido defensora de Panamá y su gente, y está comprometida con el Estado de derecho con el objetivo de lograr beneficios para el país", expresó en un comunicado.

"Estamos totalmente comprometidos a operar de manera ambientalmente sensible, cumpliendo con todas las obligaciones ambientales y apoyando la biodiversidad de Panamá", agregaron desde la empresa.

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