Juzgado de Coquimbo ordena la prisión preventiva de imputados por comercio ilícito de cobre

El Juzgado de Garantía de Coquimbo sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad a autor de delitos tributarios y aduaneros.

El Juzgado de Garantía de Coquimbo dejó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva a FESMA, imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos de receptación reiterada, delitos tributarios y aduaneros, perpetrados desde el año 2014. La medida fue decretada para considerar su libertad como un peligro para la seguridad de la sociedad.

Durante la audiencia de formalización, que se inició el pasado martes 15 de abril, el magistrado Felipe Pizarro Ávalos detalló que el imputado lideraba una organización criminal dedicada al comercio ilícito de cobre y chatarra, la cual operaba mediante empresas de fachada y testaferros, generando millonarias ganancias ilícitas a través de la compra, transporte, transformación y exportación de cobre robado, ocultando su origen mediante documentación falsa y maniobras contables.

Prisión preventiva con caución de $7 millones para otros 13 imputados

En su resolución, el magistrado sostuvo que “la forma de operar mantenida por FESMA en su establecimiento comercial da cuenta de infracciones tributarias sistemáticas, percibiendo devoluciones improcedentes del Servicio de Impuestos Internos y emitiendo facturas falsas”, agregando que “dado el número, naturaleza y gravedad de los delitos, que afecta al erario público, la fe pública y la circulación de bienes, la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad”.

Además, se decretó prisión preventiva con caución de $7 millones para otros 13 imputados, por el delito de recepción reiterada, al estimarse que su libertad representa un peligro de fuga. El tribunal determinó que los acusados ​​no presentan antecedentes penales, mantienen arraigo social y familiar, y que su participación no justificaría una medida más grave.

Por otra parte, tres imputados, vinculados a los delitos de asociación criminal y lavado de activos, quedaron sujetos a arresto domiciliario nocturno y firma quincenal. De acuerdo con la investigación liderada por el Ministerio Público, la organización operaba al menos desde 2014 y obtenía el cobre desde sustracciones, hurtos y robos en faenas mineras, parques eólicos, redes eléctricas y medios de transporte en distintas zonas del norte del país.

El Juzgado fijó un plazo de 90 días para el cierre de la investigación.

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