Salud mental en la minería, una urgencia que estamos evadiendo

Columna realizada por la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras de la Minería.

En palabras de la misma SUSESO, de acuerdo al último informe acerca de la aplicación del cuestionario CEAL-SM durante el año 2023, los resultados de la dimensión salud mental en el trabajo constituyen “una verdadera urgencia en la gestión del riesgo psicosocial”.

Esta afirmación bastaría para darle una alta prioridad al tema en las políticas de salud y seguridad en las empresas, y en las que se promueven desde el Estado en sus diferentes niveles.

Sin embargo, el mismo informe destaca la baja cobertura de la aplicación de un instrumento que tiene el carácter de obligatorio para todas aquellas empresas de 10 o más personas trabajadoras, las que deben aplicarlo al menos una vez cada dos años. 

El 2023 sólo un 27% (741.255) de las personas que debieran haber sido evaluadas se les aplicó efectivamente el cuestionario; es decir, un 73% de las personas se quedaron sin ser evaluadas. Lo cual nos lleva a hacernos la pregunta acerca de la seriedad con que tanto las empresas, el Estado, y el mismo mundo sindical nos estamos tomando un asunto que, de acuerdo a la misma SUSESO, debe ser gestionado con urgencia.

Especial atención debiéramos poner en el hecho de que el impacto hacia el género femenino es aún más desfavorable, y que además se manifiesta con más intensidad en actividades económicas feminizadas como la salud, la educación y la administración pública. Esto último debiera ser una alerta para el Estado como empleador y la forma en que está gestionando los riesgos psicosociales de sus propios trabajadores.

En el caso del sector minero, hemos tenido que lamentar en las últimas semanas situaciones muy dolorosas en que el fatal destino de estos trabajadores está envuelto en la dinámica y la desatención existente en relación a la salud mental y los riesgos psicosociales en nuestro país.

El alto y creciente número de licencias médicas de este carácter, y la indolencia empresarial expresada incluso en el despido de trabajadores que se encuentran afectados por dicha condición, debiera movilizar a los diferentes actores del diálogo social tripartito, desde los niveles nacionales,  pasando por cada empresa y federación sindical, hasta cada faena y sindicato, y comités paritarios.

Es urgente la construcción de una agenda nacional que se haga cargo en forma participativa y dialogante, y que se exprese a niveles locales y de base en los Comités de Aplicación CEAL-SM, con la participación directa y permanente tanto de sindicatos como de comités paritarios, tal como señala la normativa.

En el caso de la minería, la cobertura durante el 2023 de la aplicación de este instrumento de carácter obligatorio fue de solamente 18.547 personas trabajadoras, de un sector estimado para ese año en 278.000 personas, de acuerdo a cifras del Consejo Minero. Como se aplica un mínimo de una vez cada dos años, el 2023 se debiera hablar aplicado a un 50% del total del sector, y el otro 50% este año 2024.

En ese marco, la cobertura en el sector minero de la obligatoria encuesta CEAL SM el año 2023 no fue superior al 15 %, muy por debajo de los ya bajos resultados de cobertura nacional (27%). Esperamos ver mucho mejores cifras el año 2024 y especialmente en los años siguientes. 

También es una obligación de las organizaciones sindicales y de sus dirigentes contribuir a mejorar la cobertura y participar en los Comités de Aplicación para la implementación, evaluación y mejoramiento de los planes para gestionar los riesgos psicosociales inherentes al trabajo.

Mientras tanto, dadas las cifras, es evidente que la Dirección del Trabajo aprueba jornadas excepcionales sin que las empresas cumplan con normas obligatorias como el CEAL SM (antes ISTAS 21) y su respectivo Comité de Aplicación con participación sindical; o con el funcionamiento de los Comités Paritarios en los términos que se establece en la ley.

Y las empresas mantienen dentro de los bonos por cierre de negociaciones un monto por “renovación de jornadas” que muchas veces se traduce en un cheque en blanco para pasar el “trámite de la DT” sin asegurarse, bipartitamente y con la dedicación requerida, de cumplir con la revisión de las condiciones de salud y seguridad de las jornadas de trabajo que las partes están aprobando en conjunto.

Las organizaciones sindicales debemos hacernos la autocrítica acerca del rol que (no) hemos jugado en la promoción y la prevención de la salud y la seguridad en el trabajo, especialmente en materia de riesgos psicosociales, y corregir de manera rápida y eficaz esta brecha. En especial ahora que en la OIT se acordó elevar a derecho fundamental el que las personas trabajadoras tenga un entorno laboral seguro y saludable.

Estos y otros temas están considerados en las propuestas que hemos estado realizando como CTMIN, tanto en la agenda corta en salud y seguridad que propusimos en le comisión minera del Consejo Superior laboral, como en en la elaboración de la política de salud y seguridad en la minería, que se está elaborando con participación tripartita, según se establece en el recientemente ratificado convenio 176 de la OIT.

La vida y la salud de la familia minera siempre está primero.

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