Desafíos e interrogantes por abordar en la Estrategia Nacional del Litio

El consultor de la organización sin fines de lucro, NRGI, Felipe Cortés se refirió a cuatro temas claves que falta por aclarar y comprender en el plan anunciado por el Gobierno.

Tras el anuncio de la Estrategia Nacional del Litio realizado por el Gobierno, son muchas las interrogantes que se generaron dentro de la industria. El consultor de la organización sin fines de lucro, Natural Resource Governance Institute (NRGI), Felipe Cortés abordó cuatro temas claves, para comprender y analizar el plan que tiene Chile para el “oro blanco”. 

Los temas abordados son el desarrollo de alianzas público– privadas; la regla fiscal y la transparencia; los procesos de participación ciudadana y la creación del Instituto Tecnológico y de Investigación Público de Litio y Salares. Donde, en su primer punto, destaca que, a pesar de la rección de los medios internacionales, sobre una “nacionalización del litio”, esto es una alianza público-privada y destacó la aclaración que han realizado desde el Gobierno.

“En Chile, el litio es un recurso estratégico que no es concesionable por ley. Las dos operaciones que en la actualidad tienen autorizaciones para extraer litio en Chile, SQM y Albemarle, son privadas, y funcionan a través de contratos de arrendamiento. Ambas empresas fueron cautelosas en sus expresiones sobre los anuncios. Tras aclaraciones de las autoridades de que se respetarían los actuales contratos y que se entraría en conversaciones cuando se esté más cerca de su culminación (2030 en el caso de SQM y 2043 para Albemarle, años posteriores al fin del mandato del Gobierno actual)”, indicó.

Como segundo punto, Felipe Cortés destacó que “la regla fiscal para el litio debería ser parte del diseño de un Fondo Soberano de Ahorro y Estabilización que permita administrar la volatilidad de los ingresos y financiar sostenidamente los propósitos que señala, gasto social y tecnología”.

Además, agregó que "es positivo que la estrategia haga referencia explícita a la adhesión de Chile a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), al señalar que ‘se iniciará el proceso para incorporar a Chile a la iniciativa EITI, para asegurar la mayor transparencia y probidad en todas las industrias extractivas incluyendo minería del litio, cumpliendo los máximos estándares internacionales’”.

Asegurar la participación efectiva e Institutos de investigación 

El consultor de NRGI, sostuvo que “Chile es un país que tiene experiencia en procesos participativos para la definición de políticas y estrategias”. No obstante, “no está claro hasta qué punto la participación será para precisar detalles o están abiertas a discusión las líneas maestras de la estrategia presentada. La expectativa es que la definición de políticas se produzca de forma dialogada y participativa, además de que ahora se lleven a cabo las consultas indígenas correspondientes”.

“El funcionamiento del proceso participativo, los invitados y las posibilidades reales de influir en la definición de la futura política serán elementos cruciales para asegurar una buena gobernanza del proceso estratégico de reformas”, añadió.  

Por último, Cortés se refirió a la propuesta de crear el Instituto Tecnológico y de Investigación Público de Litio y Salares, que tendrá su sede en Antofagasta. 

“La actualización de los contratos de litio contaba, entre sus disposiciones, que las empresas financiarían Institutos Tecnológicos de Chile enfocados en investigación en energías, minería baja en emisiones y la industria de baterías, incluyendo aportes entre USD10 a USD18 millones. El denominado Instituto de Tecnologías Limpias fue adjudicado por CORFO a un grupo de universidades nacionales y extranjeras. Por otra parte, ya existen institutos especializados dentro de instituciones nacionales, como es el caso del Centro de Investigación Avanzada de Litio de la Universidad de Antofagasta”, mencionó.

Por ende, “continuar y profundizar el sistema de fondos para I+D+i (investigación, desarrollo e innovación) que ha operado a la fecha al que puedan concursar diferentes instituciones puede ser preferible a la creación de una nueva institución que debe iniciar su trabajo desde cero”.

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