Robo de cables eléctricos en Chile: 1.200 casos en 2024 afectaron a más de 540 mil clientes

La sustracción de casi 600 kilómetros de líneas eléctricas dejó sin servicio a hogares, escuelas y centros de salud en todo el país. Distribuidoras llaman a frenar este delito que compromete la seguridad y continuidad del suministro.

El robo de cables eléctricos se convirtió en una de las principales amenazas para el sistema energético nacional durante 2024. Según datos entregados por Empresas Eléctricas AG, se registraron cerca de 1.200 casos de sustracción de conductores eléctricos, lo que provocó interrupciones de suministro en más de 541.000 hogares y servicios esenciales a lo largo del país.

La cifra no solo preocupa por su frecuencia, sino también por la magnitud del daño: se robaron cerca de 590 kilómetros de líneas eléctricas, una distancia comparable a la que separa la Región Metropolitana de La Araucanía. Este fenómeno criminal ha afectado gravemente a postas rurales, escuelas, sistemas de agua potable, redes de telecomunicaciones y servicios críticos, poniendo en riesgo tanto la infraestructura como la vida de trabajadores y comunidades.

“Estamos frente a un fenómeno criminal de alto impacto que vulnera el acceso de las personas a un servicio esencial. Este delito también pone en riesgo la vida de quienes lo cometen y de terceros inocentes”, advirtió Juan Meriches, director ejecutivo de Empresas Eléctricas AG.

Impacto acumulado y respuesta del sector eléctrico

Entre 2021 y 2024, el gremio eléctrico contabiliza más de 5.800 casos de robos de cables, con un total de 1.900 kilómetros de infraestructura eléctrica sustraída. Solo durante el último año, las empresas distribuidoras presentaron 546 querellas y denuncias para perseguir penalmente estos delitos.

Pese a estos esfuerzos, el gremio subraya la necesidad de fortalecer la legislación vigente y aumentar las sanciones, apuntando directamente al comercio ilegal de cobre, que alimenta esta práctica delictiva.

Urgencia legislativa y llamado al Congreso

Actualmente, el Congreso Nacional discute proyectos de ley claves para enfrentar el robo de cables eléctricos. Desde el gremio se insta a los parlamentarios a dar prioridad a estas iniciativas, con el fin de contar con herramientas más eficaces para sancionar, prevenir y desincentivar el delito.

“El robo de cables no solo es un problema de seguridad, es una amenaza directa al funcionamiento de nuestra infraestructura crítica. Es fundamental que el Estado actúe con firmeza”, añadió Meriches.

Denuncia ciudadana y coordinación pública-privada

Empresas Eléctricas AG hizo también un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa y a las autoridades a reforzar el control y la fiscalización del comercio informal de metales. Según el gremio, solo una acción coordinada entre el sector público, privado y la sociedad civil permitirá contener el avance de este delito.

“Proteger la continuidad del suministro eléctrico es una tarea compartida. Necesitamos compromiso, coordinación y decisiones firmes para salvaguardar el bienestar de todos los chilenos”, concluyó el representante del gremio.

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