Descarbonización, desalación y reactivación económica

Opinión de Luciano Cruz Morandé, abogado socio del estudio jurídico Arteaga Gorziglia

A propósito de la autorización para el cierre anticipado de la central termoeléctrica Bocamina I, el gobierno hizo un llamado a "acelerar" el proceso de descarbonización de nuestra matriz energética hacia fuentes de generación más limpias.

Este proceso no está exento de tensiones: depende de la inversión por parte de las generadoras para construir nuevas centrales renovables que reemplacen a las antiguas carboneras asumiendo el costo de un cierre anticipado de estas últimas, y en otros casos será también necesaria la renegociación de contratos de energía. Por otra parte, el cierre de las centrales a carbón impacta en la fuente de empleo de las comunidades vecinas.

A esto se suma que en Chile llevamos años sufriendo una megasequía que ya ha afectado a la agricultura, minería y el sector forestal, así como a la población rural. También vemos como el COVID19 ha golpeado a la economía.

Estos 3 elementos que están sobre la mesa (descarbonización, sequía, y generación de empleo e inversión) podrían ser abordados en conjunto a través de una política nacional de desalación, que fomente y acelere la reconversión de las instalaciones ya existentes con las que cuentan las plantas termoeléctricas que se quieren sacar de operación, cambiando el carbón por plantas desaladoras a gran escala, atrayendo inversión y generando fuentes de empleo. Mejillones, Tocopilla, Quintero y Coronel son comunas donde podrían existir las condiciones para llevar esto adelante.

Las desaladoras necesitan agua de mar y electricidad para operar. Las actuales carboneras ya cuentan con sistemas de captación de agua de mar y están conectadas al sistema eléctrico.  Incentivemos la transformación de esta infraestructura dando beneficios a largo plazo a las generadoras que asuman este desafío, o busquemos fórmulas para adquirir tales activos.

La mayor dificultad para estos proyectos está en transportar el agua a su destino final, por la necesidad de imponer las servidumbres para construir los ductos necesarios. Las desaladoras existentes hoy operan principalmente para mineras y también para empresas sanitarias, ya que ellas sí pueden imponer servidumbres para sus instalaciones. 

Sin embargo, si se crearan redes nacionales de transporte de agua desalada, la situación podría cambiar. Siguiendo el ejemplo de nuestras carreteras, el Estado podría licitar la construcción de esta red, entregando concesiones de obra pública que permitan que terceros construyan una infraestructura a mayor escala, con libre acceso de terceros (como en los gasoductos y líneas de transmisión eléctrica), para que pueda ser operada por el concesionario con cargo a un peaje.

Adicionalmente, se pueden generar incentivos para que parte del agua desalada sea administrada por el mismo Estado para poder asignarla, por ejemplo, a comités de agua rural, pequeños regantes, entre otros. También se deben dar incentivos para aquellos particulares, como las mineras, que en beneficio público dejen de usar sus derechos de aprovechamiento de agua sustituyendo su consumo por agua desalada.

Una política nacional de desalación con una visión amplia puede contribuir a hacer un aprovechamiento eficiente del territorio, tanto del borde costero, como respecto de las zonas que se puedan ver beneficiadas por este tipo de infraestructura.

Sin dejar la urgencia de lado, aprovechemos la crisis actual para buscar soluciones de futuro y a largo plazo. Considerando la experiencia aquilatada en estos últimos 30 años en nuestro sistema de concesiones, así como la regulación existente en áreas como la eléctrica y la del gas, sumar la descarbonización con la desalación puede resultar en un gran impulso para el país.

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