Minería y nueva Constitución

Opinión de Francisco Orrego, ex subsecretario de Minería.

Los recursos naturales, en general, y la minería, en particular, van a ser parte del debate en el marco de la elaboración de la nueva Constitución. Más que por razones técnicas o económicas, lo serán por razones políticas e ideológicas. Hay sectores políticos que ven en el trabajo constituyente, una oportunidad para hacer un ajuste de cuentas en contra de todo aquello que está considerado en la Constitución de 1980. Son los ánimos refundacionales que inspiran fundamentalmente a sectores de izquierda. Y la minería no estará ajena a ese fenómeno, sea por ignorancia de algunos o por abierta hipocresía o rebeldía de otros.

No hace falta detenerse en el aporte que la minería ha hecho al progreso del país y de todos los chilenos. Las cifras están al alcance de la mano y hablan categóricamente por sí solas. La minería ha sido el motor del desarrollo del país durante los últimos 40 años. Pero también hay muchos mitos sobre la minería en materias tributarias, medioambientales y sociales. En esta columna, no me haré cargo ni de unos ni de otros. Mi intensión es reflexionar y compartir más bien sobre algunos aspectos que deberían abordarse y reflejarse en el debate constituyente.

El próximo proceso constituyente pondrá a prueba el verdadero compromiso de los integrantes de la Convención con la iniciativa privada, la no discriminación y el derecho de propiedad, bajo un modelo que complemente desarrollo y sostenibilidad, o, por el contrario, con una fuerte intervención estatal, bajo un modelo que menosprecie el desarrollo y la iniciativa y propiedad privada. Lo que estará en juego es la línea que distingue entre un modelo de sociedad que cree firmemente en el individuo o en el Estado. Y los límites de la libertad empresarial o de la intervención estatal, no estarán ajenos a esta discusión y tensión, como tampoco lo estará la minería. Pero el caso de la minería es especial, pues existe una combinación virtuosa de minería pública y privada, que algunos desearían terminar. Es inconcebible la minería chilena, hoy, sin la coexistencia de ambas.

Junto con abordar este proceso con seriedad, debemos hacerlo responsabilidad. Mientras en el extranjero se destaca la calidad de la regulación y protección de las concesiones mineras, aquí se les pretende afectar o debilitar recurriendo a argumentos tan falaces como irreales, que han tenido amplia difusión. Se dice que los recursos minerales fueron privatizados, lo cual es falso. La propiedad de las sustancias minerales es del Estado, quien otorga concesiones, por vía judicial, para su exploración o explotación, según el caso. También resultan irresponsables aquellas propuestas para llevar a la Constitución materias que deben ser abordadas a nivel legal por tratarse de aspectos de políticas públicas, que requieren desarrollo legislativo posterior.

El régimen jurídico minero vigente en Chile ha sido exitoso y nada indica, salvo razones ideológicas, la necesidad de alterarlo sustancialmente en la nueva Constitución. Dadas las altas inversiones y los extensos plazos que involucran los proyectos mineros, se requiere asegurar una regulación constitucional estable y cierta. ¿Estaremos a la altura del desafío?

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