Minería, patrimonio nacional

Opinión de Diego Hernández, Presidente de la Sociedad Nacional de Minería

Partimos el año 2021 con buenas noticias respecto al precio del cobre, que se fueron consolidando con un valor del metal por sobre los 4 dólares la libra, lo que ha hecho a algunos expertos plantear la idea de que estamos viviendo un nuevo súper-ciclo, incluso que el “cobre es el nuevo petróleo”.

Sin embargo, nosotros hemos sido cautos y hemos sostenido que aún es prematuro hablar de un nuevo súper-ciclo, como ha quedado demostrado con una estabilización en el alza del metal y una brusca caída en la última semana.

No obstante este escenario, es probable que estos buenos precios se mantengan al menos por 2 o 3 años, lo que, sin duda, es tremendamente positivo para nuestro país, especialmente considerando que, en una coyuntura post pandemia, particularmente en la reactivación económica del país, la industria minera va a jugar un rol clave e insustituible. 

Lamentablemente, junto a este alentador escenario han aparecido algunas voces que proponen aumentar el aporte de la minería a las arcas fiscales y promueven un proyecto de ley que “establece una compensación a favor del Estado por la explotación de la minería del cobre y del litio, equivalente al 3% del valor ad valorem de los minerales extraídos”.

El proyecto, de moción parlamentaria, ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y Diputadas y prontamente comenzará a ser revisado por el Senado.

Hemos planteado la inconveniencia de aumentar la carga tributaria de la minería nacional sin considerar sus efectos en la competitividad, especialmente considerando que este proyecto de ley en la práctica aumenta la carga tributaria que ya es una de las más altas del mundo y al ser ad valorem equivale a subir la ley de corte (contenido mínimo de cobre en el mineral para que su tratamiento sea económico). Esto es grave pues transforma en anti-económico los yacimientos de leyes más bajas.

El estudio de Cochilco de enero pasado “Observatorio de Costos”, en que se estudian 21 operaciones mineras que representan el 92% de la producción de cobre nacional, nos da una voz de alerta que hay que considerar. De las 21 operaciones hay 3 en el primer cuartil de costos (el 25% más bajo o competitivo), 2 en el segundo cuartil, 5 en el tercer cuartil y 11 en el cuarto cuartil (el 25% más alto o menos competitivo). Un royalty a las ventas compromete la viabilidad de estas 11 minas y desincentiva la reinversión y aumenta las barreras de entrada de los proyectos mineros en carpeta.

En resumen, esta iniciativa aumenta la inseguridad jurídica y provoca un desincentivo a la inversión en minería al afectar la competitividad de nuestro sector.

No obstante ello, esperamos que en el Senado impere la cordura y podamos llegar a un acuerdo que permita continuar a la minería haciendo su aporte al desarrollo económico y social del país. 

Contrariamente a lo que se piensa, no estamos cerrados a conversar el tema y transparentar el aporte tributario que hace la minería.

Sumado a esta iniciativa, en los próximos días comenzará el trabajo de la Convención Constitucional luego de la elección de los 155 constituyentes.

Hemos leído en la prensa las opiniones de algunos de ellos que ponen énfasis en la disposición al diálogo y la necesidad de preservar los principales fundamentos que han permitido el desarrollo económico y social de nuestro país, pero también hemos escuchado y leído la opinión de algunos más apasionados que se cierran a la conversación, e incluso pretender desconocer los acuerdos que permitieron avanzar en este proceso para la elaboración de una nueva Constitución. Ello lo entendemos en razón a su falta de experiencia en estas lides, pero no pueden olvidar que tienen que estar a la altura del desafío que el país les ha encomendado.

Estamos viviendo un período de cambios acelerados, sin liderazgos claros y con ideas y expresiones que cubren todo el espectro político/ideológico. Como industria tenemos la noble pero ingrata y difícil labor de defender los pilares que permitieron la construcción del parque productivo minero que hoy contribuye con más del 20% del PIB.

Frente a la redacción de una nueva Constitución y el exitoso desarrollo que ha tenido la minería chilena, cabe preguntarse: ¿Qué llevó a generar capitales de riesgo suficientes para permitir la exploración de las riquezas mineras ocultas y, una vez descubiertas, a su desarrollo? La existencia y calidad de los yacimientos es una condición necesaria, pero no suficiente. Existen en otros países o áreas geológicas atractivas que nadie ha querido explorar ni desarrollar. 

Entonces, qué explica este extraordinario desarrollo de la minería chilena en las últimas décadas, que se ha transformado en un verdadero Patrimonio Nacional. La respuesta es simple: es evidente que toda esa actividad empresarial, dinámica y emprendedora, generada en Chile, fue impulsada por la promesa de un marco regulatorio cierto y estable y un ambiente de seguridad y respeto al Estado de derecho.

Desde 1990 hasta ahora hemos construido un nuevo modelo de minería en Chile, que hemos denominado del siglo 21, con una actividad minera integrada a la economía nacional, con participación de capital nacional (estatal y privado) e internacional, con gran, mediana y pequeña minería, captando las sinergias de los aportes de cada sector. Este modelo ha sido capaz de construir el parque productivo actual, principal actividad económica del país.

Sabemos que es legítimo y necesario revisar las políticas de desarrollo económico y social, como lo ha pedido el país, pero estamos confiados que Chile y los constituyentes ponderarán este significativo aporte y mantendrán en la nueva constitución los pilares que han hecho grande a nuestra minería.

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