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Por Reporte Minero , 29 de enero de 2019Erwin Plett: "Urge un sistema regulatorio ad hoc a la situación y requerimientos actuales"
Opinión de Erwin Plett, Socio Gerente de Low Carbon Chile
El Chile actual y venidero demanda impostergablemente el uso racional y eficiente de los recursos energéticos con el propósito de disminuir las externalidades negativas, tanto ambientales como sociales, bajar costos y consumo, para poder ir tras la real seguridad energética de Chile, convirtiéndonos en un país realmente más sostenible.
La energía es de suma importancia, ya que cruza transversalmente todas las actividades y procesos del ser humano, condicionando la productividad y el bienestar de la sociedad. Hoy a nivel global es impensada una sociedad sin el uso de la energía, por ello ésta tiene un rol gravitante. Por ello presenta importantes desafíos para nuestra sociedad y economía. Sabemos, según estudios del Ministerio de Energía que “un 65% de la energía que consumimos es generada mediante el uso de combustibles fósiles, prácticamente todos los cuales son importados de mercados internacionales de carácter volátil; lo que en cierta medida condiciona nuestro desarrollo. Adicionalmente, el desarrollo de la infraestructura energética –centrales, líneas de transmisión, puertos, oleoductos, entre otros– enfrenta crecientes dificultades, en consideración a la competencia por el uso del territorio y a las externalidades que genera en el ambiente y las comunidades”. Ante ese escenario urge un sistema regulatorio ad hoc a la situación y requerimientos actuales.
La eficiencia energética aporta una respuesta eficaz, económica y sostenible a los problemas que involucra el abastecimiento y uso de la energía y, además, contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas y la productividad de las empresas. Soy un convencido que una política de eficiencia energética contribuirá a aumentar la seguridad energética del país, reducir la dependencia energética de mercados internacionales caracterizados por su alta volatilidad; mermar el uso de territorios y externalidades producto de la infraestructura y logística para la importación, generación y transporte de energía; aminorar los costos de producción de los bienes y servicios, bajar los gastos energéticos de las familias destinados a iluminación, uso de artefactos, cocción de alimentos, calefacción y agua caliente; diezmar drásticamente la contaminación local e intradomiciliaria y; bajar la emisión de gases de efecto invernadero, lo que se traduce en una reducción de la huella de carbono de nuestros productos, contribuyendo así al cumplimiento de nuestros compromisos internacionales en torno al cambio climático.
Con todo, y pese a los grandes y múltiples beneficios de la eficiencia energética, requerimos como nación superar una serie de barreras: de información, culturales, económicas, técnicas, e institucionales. Lo primero es derribar las barreras conductuales que están relacionadas con la resistencia al cambio, la relativa importancia asignada a la eficiencia energética respecto a inversiones relacionadas, tanto en los negocios como en los hogares, además de la inexistencia de indicadores de gestión asociados a la gestión de la energía y los horizontes de corto plazo que caracterizan la toma de decisiones de la mayoría de los ciudadanos chilenos.
Por su parte, en el aspecto económico, están los costos de inversión, que lleva tanto a privados, como las empresas y el Estado a preferir equipos menos eficientes, más baratos, pero que está comprobado que terminan consumiendo más durante la operación. Además en el mercado local no siempre están disponibles las tecnologías más eficientes, ya que éstas no son demandadas por falta de conocimiento.
En suma, el proyecto de ley de Eficiencia Energética busca institucionalizar el concepto de ahorro energético principalmente entre los grandes consumidores y en materia de movilidad, lo que promoverá la utilización de electricidad tanto para el transporte público como privado. Enmarcado en la ruta energética del Gobierno, que busca impulsar la generación eléctrica de menor escala, lo que beneficia directamente a las personas. No me cabe duda que se trata de una iniciativa correcta, aunque creo que los mayores cambios estarán en una segunda iniciativa legal que transformará la distribución eléctrica en el país y que está actualmente en estudio.
El cambio cultural en torno al buen uso de los recursos energéticos, según dice el Gobierno permitirá generar un 7% de ahorro de energía con respecto al consumo final al 2015, equivalentes a US$3.84 millones de ahorro. Los ahorros de energía proyectados se traducen en una reducción de emisiones de CO2 de 6,8 millones de toneladas al año 2035. Así, el proyecto de ley aportaría un 27% a las metas propuestas en el plan de mitigación de gases invernadero del sector energía.
Dentro de las otras medidas, el Ministerio de Energía elaborará un Plan Nacional de Eficiencia Energética cada cinco años que será sometido al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad; promover la gestión de la energía en los grandes consumidores, que representan más de un tercio de la energía consumida en el país, para que realicen una gestión activa de su energía, calificación energética de las viviendas MINVU, sector público deberán contar con un gestor energético, vehículos eléctricos y la interoperabilidad del sistema de recarga de vehículos eléctricos con el fin de facilitar acceso y conexión de los usuarios a la red de carga, renovación del parque automotriz con vehículos más eficientes.
Lo anterior va muy en línea con la reciente incorporación de Chile a la tendencia mundial de bonos verdes y sociales. Esto nos demuestra que tenemos una economía y una sociedad en general que avanza para limitar los gases de efecto invernadero.
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