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Minas la Perla y el Rubí: Dos joyas que no brillan en el Cajón del Maipo

Opinión de Carolina Ruiz y Camilo Hornauer, de Fundación Plantae

En un contexto global de extrema crisis socioambiental, la lógica del actual modelo económico basado en la sobreexplotación de la naturaleza es cada vez más cuestionado y rechazado por la ciudadanía. Santiago, capital de 7 millones de habitantes, arrastra en la última década una severa sequía. Incomprensiblemente, se sigue dando cabida a proyectos mineros en zonas cercanas a glaciares, que atesoran las últimas reservas de agua dulce de la región. Esto se hace tangible en la última gran área fiscal (142.000 ha) en el Cajón del Maipo, candidata a ser el primer parque nacional de la RM, pero que actualmente tiene en su centro a la “Mina La Perla" y es acechada por el ambicioso proyecto de la "Mina El Rubí".

Desde mucho antes de la COP25, la crisis climática y ecológica ya era un hecho real y urgente confirmado por el mundo científico. Sin embargo, el actual gobierno, ha impulsado desde sus inicios una agenda proinversión muy distante de las demandas territoriales, y en muchos casos contraria a la opinión de las organizaciones de la sociedad civil y en desmedro de la naturaleza y las personas. Concretamente, el ejecutivo levantó una “Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables” que está impulsando 268 proyectos, de los cuales 49 tienen relación con el sector minero, una de las industrias que más ha contribuido a la actual crisis global.

Uno de los grandes proyectos de inversión que esta oficina se encuentra impulsando es el cuestionado proyecto minero “Los Bronces Integrados” de Anglo American, en la cabecera de las cuencas de Santiago y Valparaíso. Su objetivo es ampliar la actual operación de una mina a rajo abierto (colindante con 9 glaciares) y habilitar un nuevo punto de extracción mediante una mina subterránea que perforará el subsuelo del Santuario de la Naturaleza Yerba Loca (una de las pocas áreas protegidas de la RM). Una situación absurda y descontextualizada si consideramos que estas regiones concentran la mayor cantidad de población de Chile y que de allí proviene parte importante del agua de estas regiones, ambas con un elevado estrés hídrico y que además se proyecta a ser incluso peor en los próximos años debido al calentamiento global 

Pero la historia no termina ahí. En los valles fiscales de Colorado y Olivares, que suman 142.000 ha y que se ubican a solo 70 km de Santiago en el Cajón del Maipo, la amenaza de esta industria es inminente. A tal punto, que el 54% de toda la superficie de estos predios tiene otorgada alguna concesión minera de explotación o exploración (en trámite o constituida). Si bien esto no significa que existan actualmente mineras en operación, es cosa de tiempo para que estas empresas decidan ingresar un proyecto minero al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA) con altas probabilidades de ser aprobado.

Para desgracia de este territorio, que aun sobrevive pese a la fuerte presión de amenazas antrópicas, encontramos en su parte central un área de 16.000 ha pertenecientes a la empresa cementos Bío Bío S.A., a quien hace solo 5 meses (7 de agosto 2019), él SEA le autorizó ampliar las faenas de su mina La Perla, la cual viene extrayendo caliza por cerca de 10 años y ahora lo piensa seguir haciendo por otros 13 años más. Para colmo, este proyecto ingresó solo mediante Declaración de Impacto Ambiental (DIA) debido a que ya contaba con su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) la cual le fue otorgada en 1997, ósea, hace más de 20 años atrás, cuando el cambio climático recién tomaba fuerza y en un contexto en el que este territorio aún no había sido declarado Sitio Prioritario Rio Olivares-Colorado-Tupungato ni Zona de Interés Científico para Efectos Mineros.

Cabe aclarar que el hecho de que un área sea declarada de Interés Científico para Efectos Mineros no quiere decir que sea un lugar especial para desarrollar minería, sino que todo lo contario, protege sus características naturales e históricas únicas restringiendo este tipo de uso al exigirle al titular contar con el permiso del Presidente de la República para ejecutar un proyecto minero (artículo 17 N° 6° del Código minero). Sin embargo, pareciera ser que esta medida no intimida a quienes deciden hacer minería en lugares de alto valor de conservación como este, ya que actualmente un nuevo proyecto se perfila para operar en medio de un predio fiscal que miles de chilenos deseamos se convierta en el primer gran Parque Nacional de la Región Metropolitana. 

En octubre del 2019, un poco antes del estallido social, ingresó al SEA el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero El Rubí, al norte de la mina La Perla de Cementos Bío Bío S.A. Una inversión de la empresa Yesos Andinos S.P.A, la cual tiene detrás a la empresa alemana Knauf, una de las más importantes del mundo en cuanto a producción de tableros de yeso, también conocidos como tableros de volcanita. 

Para ser más precisos, este proyecto, que se ubica a 19 km al noroeste de la Central Alfalfal, más que ser una nueva explotación, consiste en la ampliación de una mina que ya viene operando desde el 2010 con el permiso sectorial de SERNAGEOMIN (Res N° 550/2010). Esto quiere decir que este yacimiento nunca ingreso al SEA y no cuenta con una RCA, debido a que su tasa de extracción no supera las 5.000 ton/mes y no se encuentra dentro de un área protegida (reglamento de SEA, artículo 3 letra i). Sin embargo, aquí surge una cuestión que tiene que ver con el impacto acumulativo que tienen los proyectos pasado un cierto periodo de tiempo. Concretamente esto quiere decir que, si se explota de a poco el mineral, pero sin pausa durante 9 años, el lugar termina notoriamente deteriorado tras el tránsito constante de camiones, las zonas de acumulación de mineral y material, y la explotación misma.

El proyecto minero El Rubí busca ampliar sus faenas a 50.000 ton/mes lo que equivale a 400.000 ton/anuales las cuales serán realizadas entre 6 y 8 meses del año, específicamente en periodo estival. Si consideramos que toda el área colindante a la explotación se convirtiera en un gran Parque Nacional implicaría que tendríamos que compartir la ruta de acceso con enormes camiones levantando polvo y aumentando el riesgo de accidentes además de que la explotación misma provocaría una serie de impactos a los ecosistemas circundantes como vegas y glaciares. Una situación que es abiertamente indeseable pero que empeora si consideramos que el proyecto contempla una vida útil a 57 años. Si, leyó bien, una cantidad de tiempo insólita si a esto le sumamos que el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC) dijo que “el planeta alcanzará el umbral crucial de 1,5°C por encima de los niveles preindustriales para el 2030, lo que precipitará el riesgo de una sequía extrema, incendios forestales, inundaciones y escasez de alimentos para cientos de millones de personas.” ¿Se imaginan? En palabras simples estamos hablando de un Santiago que amenaza con ser aún más caliente y seco de lo que ya es, por lo que una acción como esta, más allá de ser irresponsable, sería social y ambientalmente lapidaria. 

Otro punto a considerar en términos de amenazas es el hecho de que Santiago ha sido considerada como sector de alta sensibilidad de suelos (riesgo de erosión y de deslizamientos de tierra) y alta prioridad de conservación, en el proyecto de Ordenamiento Territorial del Gobierno de la RM. En 1987, este hecho se materializa cuando en el estero Parraguirre, que colinda pocos metros con lo que sería la futura explotación, ocurrió una catastrófica avalancha de roca que mató a 37 personas y destruyó parte de las plantas hidroeléctricas Los Maitenes y El Alfalfal que en aquel entonces se estaban construyendo. De acuerdo a Hauser 2002, quien estudió este desastre, concluyó que debido a una combinación de factores hidrológicos, morfológicos, geológicos, y estructurales hacen de esta zona un lugar propenso a deslizamientos de estas características  y el autor hace especial énfasis en que  cualquier construcción en el área debe considerar en su diseño la evaluación de este riesgo.

 Si bien el proyecto en su línea base reconoció la presencia de aluviones en la zona, no contempló los potenciales impactos que la mina y sus instalaciones podrían ocasionar en los ecosistemas y las personas en caso de repetirse un evento de estas características.

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