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Por Martín Cabello , 7 de mayo de 2021Cesco llama al Gobierno y al Congreso a convocar una comisión político-técnica
La organización abordó la tramitación del proyecto de ley del Royalty Minero.
Recientemente, la Cámara de Diputados y Diputadas Sala aprobó el proyecto que establece un Royalty Minero por la extracción del cobre y del litio, situación que ha repercutido fuertemente en el ecosistema minero con visiones divididas respecto a la iniciativa.
Ante esto, el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco) se refirió a la tramitación y realizó un llamado al Gobierno y al Congreso a convocar una comisión político-técnica de alto nivel que “refleje en su composición las visiones de país, que se aboque en carácter urgente a definir una propuesta que compatibilice el óptimo ingreso y aporte de la minería para el país con el crecimiento de las inversiones que requiere la minería”.
Creemos en el futuro de la minería chilena. Pero, para que este futuro se materialice los responsables políticos, los actores del sector privado, las comunidades locales y los chilenos en su conjunto, debemos trabajar de forma colectiva de manera de superar el sesgo eminentemente transaccional de la actual discusión política que se expresa en un debate entre visiones dogmáticas tanto de los que estiman que no hay que cambiar nada, como de los que plantean que todo se ha hecho mal, destacaron desde Cesco.
La organización también detalló que esta discusión abre una gran oportunidad de desarrollar una mirada de largo plazo con visión de país, que se haga cargo de la oportunidad de futuro que ella ofrece. “El cobre y el litio son protagonistas indiscutidos de la transformación digital y sustentable de la economía global. Si los intereses particulares, sea de sectores políticos o de gremios, olvidan este aspecto estratégico se arriesga, una vez más, perder una oportunidad para el país”, comentó el centro.
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Finalmente, Cesco indicó que la discusión sobre el aumento del aporte tributario que la minería hace al país es una discusión legítima. “Una vez definido ello, se debe entrar en una conversación de fondo, para determinar la fórmula precisa que compatibilice los intereses legítimos del Estado como dueño de los recursos, con la retribución justa a los inversionistas, en un contexto que necesitamos de más y mejor minería para hacer frente al estancamiento del nivel de producción que enfrenta la minería del cobre”, concluyó la organización.
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