Ministra brasileña contra el comercio ilegal de oro: “Hay que penalizar a quien lo compre”

La primera ministra de los Pueblos Indígenas del país, Sônia Guajajara, solicitó apoyo internacional para detener la minería informal de oro de la región Amazónica. Afirmó que “solo podremos combatirlo cuando lleguemos realmente a los financiadores de la minería”.

La activista y primera representante de un grupo indígena con cargo ministerial en Brasil, Sônia Guajajara, pidió más apoyo de gobiernos extranjeros y de la industria para abordar la minería ilegal de oro. Este tópico se ha transformado en una prioridad del gobierno del presidente brasileño Lula da Silva.

Hace tan solo dos días, un grupo de delincuentes encapuchados de Argentina, le robaron a la empresa minera Patagonia Gold una camioneta cargada con lingotes de oro. Este hecho causó la suspensión de un proyecto minero en el país transandino, lo que da cuenta de los alcances de este tipo de ilícito.

El Consejo Mundial del Oro, organismo comercial de la minería del oro a gran escala, afirmó que están “avanzando en las iniciativas para dificultar cada vez más la entrada del oro extraído ilegalmente en el mercado formal. Al mismo tiempo, reconocemos la necesidad de apoyar a los mineros artesanales y a pequeña escala responsables y ayudarlos a acceder al mercado formal del oro.

Garimpo y “buena fe”

"La comunidad internacional tiene un papel fundamental en la lucha contra el garimpo (término portugués para referirse a la minería informal). Sobre todo porque la mayoría de las compañías que compran oro brasileño son de otros países", dijo Sônia Guajajara al Financial Times (FT). 

"Hay que penalizar a quien lo compre, porque sólo podremos combatirlo cuando lleguemos realmente a los financiadores de la minería", remató la ministra.

El garimpo es una actividad que se ha sofisticado en los últimos años, con un aumento de la inversión y despliegue de maquinaria pesada. Antes, su práctica era mayormente rudimentaria. En base a un estudio del grupo sin fines de lucro del Instituto Escolhas, más de la mitad de las 97 toneladas de la producción del Brasil en 2021 mostró indicios de vínculos con actividades ilegales. 

Larissa Rodrigues, investigadora del Instituto Escolhas, dijo que las compañías que compran oro deben revelar quiénes son sus proveedores e implementar procesos para rastrear su origen. "Si un país establece normas más estrictas de diligencia debida, esto ayudaría mucho más que donar dinero", concluyó.

Este mes, un juez del Tribunal Supremo suspendió una práctica legal que les permitía a los compradores de oro aceptar el origen del metal basándose en declaraciones hechas de "buena fe" por el vendedor. Le dio al gobierno 90 días para promulgar una nueva normativa.

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