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Por Editor , 20 de noviembre de 2017Columna: Dominga y la Institucionalidad Vigente
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Por Iván Cerda/Gerente General de MYMA
Como empresa consultora, parte importante de nuestro rol es apoyar a las compañías mineras a obtener sus permisos ambientales, para lo cual nuestro ámbito de acción es exclusivamente técnico. Por su parte, las autoridades fiscalizadoras que actúan en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, también se circunscriben al ámbito técnico para emitir sus resoluciones. De esta manera, es desilusionante que en ciertos casos intervengan instancias de decisión donde predominen otros intereses, que es lo que se pudo advertir en el caso del proyecto minero portuario Dominga.
Lo anterior no quiere decir que las decisiones que no son estrictamente técnicas no puedan ser válidas. Sin embargo, es importante definir la oportunidad en la que ellas deben ser consideradas, lo que debería ocurrir antes de que los inversionistas avancen mayormente en la idea de desarrollar un proyecto, conociéndose, de manera fundada, los territorios donde no se pueden llevar a cabo emprendimientos productivos.
Es así como no resulta razonable que después de un proceso de estudios y evaluación de varios años, y más aún, con resultado de recomendación de aprobación por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), finalmente se resuelva una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) desfavorable. Tampoco es razonable que un recurso de reclamación sea visto por el Consejo de Ministros en breve tiempo y sin contar con un adecuado apoyo técnico, principalmente en relación con proyectos importantes como Dominga. El rol del Consejo de Ministros podría estar más ligado a las definiciones territoriales previas, y dejar a los Tribunales Ambientales resolver sobre los recursos de reclamación en relación con las RCA.
En cualquier caso, como empresa consultora consideramos que el crecimiento económico y la protección del medio ambiente son valores compatibles. Si bien es cierto que cualquier tipo de emprendimiento genera algún tipo de efecto sobre el medio ambiente, lo importante es que pueden ser medibles y, por lo tanto, controlables, pero además la institucionalidad vigente contempla la fiscalización de las RCA a través de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), lo que es una garantía adicional para el cumplimiento de las medidas comprometidas.
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